En el marco de la Asamblea Ordinaria 1-2026, el Consejo Económico y Social de Guatemala facilitó un panel de alto nivel para abordar una de las deudas históricas más urgentes del país: la regulación y gestión del recurso hídrico.
Con la participación del Viceministerio del Agua del MARN, el Instituto de Cambio Climático y la Universidad Rafael Landívar, el espacio permitió analizar los desafíos actuales, la propuesta gubernamental y las perspectivas técnicas y jurídicas alrededor de la iniciativa.
A continuación, se resumen los principales puntos expuestos:
1. Diagnóstico: abundancia sin capacidad
El Viceministro Jaime Carrera presentó una realidad contrastante: aunque Guatemala cuenta con una alta disponibilidad de agua, la capacidad de almacenamiento es menor al 2%, lo que implica que cerca del 98% del recurso se escurre sin ser aprovechado. A ello se suma una crisis de contaminación y sobreexplotación de aguas subterráneas.
2. Propuesta del Ejecutivo: institucionalidad y eficiencia
La iniciativa de ley, derivada del Proceso Nacional del Agua, se sustenta en pilares clave:
Superintendencia técnica: creación de una autoridad descentralizada por cuencas y vertientes, con criterios técnicos y continuidad institucional, independiente de los ciclos políticos.
Reconocimiento comunitario: validación de los sistemas de gobernanza indígena y local que ya gestionan el agua de forma efectiva.
Clasificación de usos: diferenciación entre usos ordinarios (consumo humano y agricultura familiar), exentos de pago, y aprovechamientos especiales (de carácter lucrativo), sujetos a licencia y canon.
Incentivos: establecimiento de un sistema en el que el canon recaudado se reinvierte al 100% en la misma cuenca, para protección forestal e infraestructura.
3. Visión técnica: adaptación climática y datos
El Ing. Giovanni González enfatizó que una ley de aguas es clave para fortalecer la certeza jurídica y apoyar la adaptación al cambio climático, dado que el agua es el primer elemento donde se manifiestan sus efectos (inundaciones y sequías). En ese sentido, subrayó la urgencia de:
impulsar infraestructura de regulación hidrológica para aprovechar los excedentes de lluvia;
sostener la gestión sobre un sistema sólido de medición, monitoreo e información técnica.
4. Visión jurídica: seguridad nacional y justicia
El Lic. Luis Fernando Paiz abordó el tema desde una perspectiva crítica, señalando que el agua debe asumirse como un asunto de seguridad nacional para prevenir conflictos. Además, identificó vacíos relevantes en el borrador actual:
Justicia especializada: ausencia de jueces y procesos administrativos con experticia en materia hídrica;
Proporcionalidad: necesidad de revisar el régimen de sanciones para que sea efectivo frente a grandes usuarios sin afectar desproporcionadamente a pequeños;
Riesgo institucional: advertencia sobre no construir una burocracia que termine por “legalizar el desorden” existente.
Conclusión
El panel evidenció un consenso multisectorial: la aprobación de una ley es urgente, pero por sí sola no es suficiente. Su implementación requerirá voluntad política, cultura de legalidad y capacidad técnica para asegurar resultados sostenibles.
Desde el Consejo Económico y Social de Guatemala, se asume el compromiso de analizar a profundidad esta propuesta y emitir recomendaciones de política pública que promuevan equidad, sostenibilidad y el cumplimiento del derecho humano al agua para las generaciones presentes y futuras.
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